Los bufetes han aumentado los fichajes de miembros de las carreras judicial y fiscal en los últimos años. Pero la adaptación de muchos de estos profesionales ha fracasado y están abandonando las firmas.
En el último lustro, muchos perfiles jurídicos provenientes de la judicatura, la fiscalía o la Administración de Justicia han dejado su trabajo de servicio público para optar por ejercer la abogacía de negocios en prestigiosos bufetes. Sus salidas de importantes juzgados, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, o de relevantes puestos ministeriales, se hizo a bombo y platillo, con repercusiones en la prensa, y con el beneplácito de las firmas, encantadas de captar a estos notables perfiles en sus filas.
Sin embargo, muchos de estos profesionales han abandonado ya estos bufetes por la puerta de atrás, casi sin hacer ruido y con la sensación de no haber encajado en la empresa privada, o han optado por cambiar de despacho o abrir el suyo propio, ante las presiones internas recibidas.
Son los casos de los magistrados del Supremo Enrique Bacigalupo –que ha dejado DLA rumbo a Olswang– o Adolfo Prego –que ha abandonado RHGR para montar su propia firma–, el juez de lo mercantil Enrique Sanjuán –que ha regresado a la judicatura– o la fiscal de la Audiencia Nacional Susana Landeras, que dejó Goméz-Acebo para volver a la Fiscalía.
También ha sucedido con otros jueces como David Velázquez Vioque, que un año después de dejar la judicatura y fichar por PwC, se marchó a Cuatrecasas, o el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Santiago Hurtado, que no permaneció demasiado tiempo en Broseta Abogados tras salir de la Administración, incorporándose luego a Deloitte Abogados.
Algunos cazatalentos y expertos en selección consultados coinciden en que “la adaptación de estos perfiles en los bufetes no es nada fácil, sobre todo de los jueces. Primero, cuando quieren salir de sus juzgados para entrar en despachos, siempre aspiran a unas condiciones laborales muy elevadas, como ser socio de cuota –con el alto beneficio económico que ello implica–, pero luego no generan el negocio suficiente para colmar las expectativas que ha puesto la firma en su contratación”. Además, apuntan las mismas fuentes, “no siempre se adaptan a trabajar en equipo o a tener que reportar a un director de departamento o un socio director”.
Miquel Ángel Pérez de la Manga, socio de Pérez & Partners, explica que “hace años los perfiles exclusivamente técnicos, como el de alguien que proviene de la judicatura, tenían cabida en los partnerships. La competencia en desarrollo de negocio podía ser suplida por otro socio y el equilibrio era posible”.
Sin embargo, afirma este consultor, en este momento “ser letrado en la abogacía de negocios es complejo y exigente: hay que ser buen técnico, saber atraer clientes y gestionar personas. El cambio de la judicatura a la abogacía es muy complicado si hay que cumplir con los requisitos y objetivos desde el primer momento”. Pérez de la Manga añade que “la abogacía empresarial es un mundo con una retribución muy atractiva, pero antes de dar el paso conviene afrontar la realidad: exigencias técnicas, habilidades de gestión, largas jornadas y mucha presión. Son dos caras de la moneda que hay que sopesar”.
La mayor motivación para el cambio suele ser económica, pero no es la única. “Sufrimos un agotamiento del entusiasmo por la politización del CGPJ y la escasez de medios, lo que te va erosionando y si alguien te hace una oferta económica, la aceptas”, explica Blas González, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y juez de lo Mercantil en excedencia.
En cuanto a los perfiles, los fiscales suelen adaptarse mejor que los jueces en los despachos, como las incorporaciones más o menos recientes de Enrique Molina (Ramón y Cajal), Ignacio Gordillo y Javier Muñoz (Martínez Echevarría), Enrique Grande (Garrigues), Juan Ortiz Úrculo (Cremades) o Jesús Santos (Baker), que prosiguen en sus respectivas firmas.
González apunta que “hay una diferencia sustancial de los jueces con otros profesionales como fiscales y abogados del Estado. El juez no está acostumbrado a defender a ninguna de las partes, sino que dicta la ley”.
La experiencia de este exmagistrado es que “hay que ser muy elástico y aprender el oficio de abogado, sabiendo manejar las exigencias de los clientes”. Así, añade que “el juez pasa de tener una responsabilidad institucional y estatal, al compromiso con el cliente, que pone su vida y su empresa en tus manos”.
González traza un calendario: “En el primer año, estás en un estado de perplejidad ante los medios de que dispone el despacho comparados con los de la Justicia; en el segundo, vislumbras la exigencia que tienes detrás de estos recursos y sueldo, una presión comercial que cuesta mantener; y en el tercer y cuarto, año, ya decides si te quedas o no, es decir, si resistes la presión y encuentras satisfacción en tu trabajo”.
Los abogados del Estado se adaptan mejor
A diferencia de otras profesiones relacionadas con el Poder Judicial o la Administración de Justicia, los abogados del Estado se han adaptado tradicionalmente mucho mejor a los despachos de abogados. Incluso hay bufetes, como Ramón y Cajal, con un gran número de provenientes de la Abogacía del Estado.
Otros despachos también cuentan con estos perfiles en sus filas en la abogacía de los negocios como, por ejemplo, Jesús Remón (Uría), Antonio Hierro (Cuatrecasas), Sebastián Albella (Linklaters), Pablo Dorronsoro (Baker)… En los últimos años, han dado el salto a las firmas otros letrados de este prestigioso cuerpo como Joaquín de Fuentes Bardají (Alemany), Manuel Rivero y Eduardo Soler-Tappa (Herbert) o Manuel Pacheco (Garrigues).